PHOENIX - Un día después de que entró en efecto la parte más polémica de la ley de inmigración de Arizona, decenas de manifestantes protestaron el miércoles en distintas zonas de Phoenix contra una medida que, según los activistas por los derechos civiles, derivará en una discriminación racial sistemática. Alrededor de medio centenar de personas protagonizó por la tarde una protesta frente al edificio del servicio federal de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Los manifestantes, congregados en una transitada avenida, corearon, "no tengo papeles, tampoco miedo".
Pulsa aquí para conocer la SB1070 a fondo. Carlos García, organizador de la protesta junto con el Movimiento Puente, dijo que su estrategia consiste en instar a la gente, independientemente de su estatus de inmigración, a que no coopere con los esfuerzos de las autoridades. Una residente de Tempe, Beatrice Jernigan, dijo que varios amigos, que se encuentran en el país sin permiso, tienen temor. "No saben lo que va a ocurrir; están más recelosos", dijo Jernigan. "Algunos padres que son inmigrantes indocumentados no permiten que sus hijos participen en actividades deportivas después de la escuela". La jueza federal de distrito Susan Bolton resolvió el martes que la Policía puede aplicar de inmediato la disposición llamada "muéstreme sus papeles". Ese artículo permite a los agentes, al aplicar otras leyes, preguntar la condición migratoria de las personas que sospechen están en el país sin autorización. La Corte Suprema de Estados Unidos ratificó en junio la medida, al considerar que no entraba en conflicto con la ley federal. Los críticos de la legislación respondieron pidiéndole a Bolton que bloqueara la disposición por diferentes motivos. Consideraron que su aplicación conllevaría un encasillamiento racial sistemático y una serie de largas detenciones de latinos sin motivo justificado. Bolton determinó a principios de mes que no bloquearía la medida y dijo que los que se oponen a la ley simplemente estaban especulando sobre la etiquetación racial y dejó la puerta abierta a apelaciones si las acusaciones pueden probarse. La Corte del 9no Circuito para Apelaciones sopesa una petición para suspender esa parte controversial de la ley. En tanto, defensores de los inmigrantes han impulsado una campaña a fin de instruirlos para que prácticamente guarden silencio si un policía los detiene. Deben responder únicamente las preguntas más básicas si son parados por la policía, dijeron los activistas el miércoles. Natally Cruz y Leticia Ramírez, ambas de ascendencia mexicana, instruyen a los inmigrantes que no cuentan con permiso para estar en Estados Unidos, como ellas, para que sólo le comuniquen a la Policía su nombre y fecha de nacimiento, y que no carguen documentos que muestren dónde nacieron. Ramírez y Cruz tenían la esperanza de que la disposición fuera bloqueada, pero al mismo tiempo se alistaban para comunicar a los inmigrantes que debían defender respetuosamente su posición ante la Policía. "Queremos enseñarle a la comunidad cómo defenderse, cómo responderle a la Policía, cómo estar preparados y tener confianza en que van a recibir ayuda", dijo Ramírez, de 27 años y originaria de Torreón, en el estado de Coahuila, México. El ICE, la oficina federal que verifica el estatus migratorio para las autoridades locales, indicó que el volumen de llamadas que ha recibido de las autoridades locales para verificaciones migratorias y apoyo no se ha incrementado de lo que normalmente recibe desde que entró en vigor la medida. Al mismo tiempo una línea de atención abierta por defensores de los derechos civiles ha recibido llamadas de personas que quieren conocer sus derechos en caso de ser interrogados sobre su situación migratoria. Los defensores están pidiendo a la gente que documente el abuso y a los departamentos de policía no aplicar la medida como una forma de ganar la cooperación de los inmigrantes para reportar crímenes. Sin embargo, no aplicar el requerimiento podría provocar demandas de personas que reclamen a las autoridades por no cumplir con la ley. Los defensores también organizaron el miércoles un encuentro para hablar ante la asamblea de la ciudad de Phoenix sobre las consecuencias de la ley. El sábado planean marchar hacia la prisión del condado Maricopa en el centro de Phoenix. Los legisladores de Arizona aprobaron la ley en 2010 en medio de un sentimiento de frustración de la población sobre el papel del estado como el principal punto de ingreso de inmigrantes irregulares en Estados Unidos. Cinco estados -Alabama, Georgia, Indiana, Carolina del Sur y Utah- han establecido legislaciones similares a la de Arizona. La gobernadora republicana Jan Brewer dijo que esto no curará los agobios del estado en materia de inmigración, pero podría presionar al gobierno federal para actuar sobre una reforma migratoria.
