Matan en nombre de la ley

EL PASO, Texas - Manifestantes de ambos lados de la frontera pidieron al presidente Barack Obama que firme una orden ejecutiva que permita regular las políticas de uso excesivo de la fuerza por parte de las agencias del orden estadounidenses. Aproximadamente 150 manifestantes marcharon desde el centro de la ciudad de El Paso hasta la franja limítrofe donde se unieron con una comitiva de 30 personas congregadas en territorio mexicano, en su mayoría familiares del joven Sergio Adrian Hernández Guereca, quien en 2009 perdió la vida a manos de un agente de la Patrulla Fronteriza. Representantes de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, organización que encabezó la protesta, manifestaron que en la franja fronteriza han perdido la vida ocho inmigrantes a manos de agentes migratorios, sin que nadie haya sido juzgado o responsabilizado formalmente. "Las investigaciones que lleva a cabo el Gobierno en torno a estos eventos son confusas y poco claras para la comunidad", dijo la portavoz de la Red, Cristina Parker, quien indicó que todos los presentes habían firmado una petición que será enviada al presidente Obama la próxima semana para la creación de un comité que regule el uso de armas por parte de agencias del orden de Estados Unidos Hernández Guereca se encontraba en territorio mexicano cuando recibió dos impactos de bala del arma de un agente de la Patrulla Fronteriza, que era atacado por piedras provenientes de México mientras sometía a un inmigrante detenido en su cruce indocumentado. El incidente tuvo a lugar en una estructura conocida como "El Puente Negro". Tanto el agente como las agencias migratorias indicaron que el agente disparó en respuesta al ataque con piedras proveniente del lugar en el que se encontraba Guereca y como resultado de una investigación efectuada tanto por FBI como por la Oficina del Inspector General, las autoridades decidieron no presentar cargos penales en contra del agente identificado como Jesús Mesa. Ya antes habían rechazado una demanda civil en que la familia de Guereca pedía 25 millones de dólares como compensación por la muerte del joven. En respuesta a la decisión del gobierno estadounidense de no llevar a juicio al agente Mesa, las autoridades mexicanas anunciaron que pedirían la extradición del agente para juzgarlo por homicidio. Una vez reunidos los protestantes con los familiares de Guereca, el padre del inmigrante caminó hacia el sitio donde se unen los dos países y acusó a las autoridades mexicanas de corrupción, y a las estadounidenses de haberle cerrado todas las vías para exigir justicia para su hijo. Después, tanto él como su comitiva firmaron la petición para el presidente. "Mas allá de eso, las autoridades mexicanas no han hecho nada. Están llenas de corrupción y las norteamericanas nos han cerrado todos los caminos para exigir justicia por la muerte de mi hijo", dijo el padre de Sergio Adrián, quien mencionó que en su vida hay una gran tristeza por la muerte de su hijo. Los manifestantes piden también la creación de un comité no gubernamental al que denominaron Comisión para la Revisión y confiabilidad de las agencias policiacas que se encargue de la revisión a los manuales de entrenamiento de agencias policiacas y sus políticas para disparar arma de fuego. Los manifestantes agregaron que el gobierno deberá dejar bien claro el procedimiento que han seguido cuando se trata de investigaciones relacionadas a incidentes en los que un inmigrante pierde la vida a manos de un agente migratorio o policía en la frontera. Parker dijo que hasta el momento las investigaciones realizadas en estos casos por el gobierno estadounidense son confusas para la comunidad en general y han generado interrogantes. "Nos ha afectado a todos, porque desconocemos sus manuales, sus procedimientos y la forma en que llevan a cabo sus investigaciones", aseguró la portavoz. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, saluda previo a un discurso. Manifestantes de ambos lados de la frontera pidieron hoy al presidente que firme una orden ejecutiva que permita regular las políticas de uso excesivo de la fuerza por parte de las agencias del orden estadounidenses. EFE/Archivo

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