Marta Orta Rodríguez, legisladora del Partido Revolucionario Institucional en San Luis Potosí, anunció su intención de que se penalicen los llamados "memes" porque considera que son imágenes lesivas que humillan y hacen vulnerable a las personas.
Pero no acababa de anunciar su intención de llevar esa iniciativa al pleno del Congreso estatal, cuando ella misma se convirtió en una de sus criticadas imágenes de internet y empezó a ser conocida en redes sociales como #LadyMeme.
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Más tarde, en respuesta a esa iniciativa, el colectivo Anonymous México exigió a Orta Rodríguez su renuncia inmediata, tras subrayar que el pueblo mexicano ya está cansado de "payasos y payasas que intentan buscar la forma de reprimir el derecho a la libertad de expresión".
"No vamos a permitir la burocracia, no vamos a permitir que se sigan burlando de los mexicanos, vamos a tumbar esta iniciativa y vamos a tumbar sus sistemas. ¡Abajo la Ley Memes!".
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La propuesta de la legisladora priista contempla sanciones que van desde 4 años de prisión más una pena económica de entre 150 y 200 salarios mínimos, es decir, entre $613 y $817 hasta castigos mayores, dependiendo las circunstancias y el contenido de las imágenes digitales.
México
"La información en tiempo real a través de la web nos hace vulnerables en todo sentido, pues muchas veces la información se usa para denigrar o lacerar la honra, la buena fe o simplemente exponer la vida de otras personas", expone la iniciativa de la legisladora.
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"Existen diversas formas de agredir o violentar la integridad de una persona a través de las redes sociales, el internet, las plataformas, ya sea mediante difusión de imágenes, videos o sonidos o expresando comentarios que laceran a quienes van dirigidas, insertando textos que denostan a la víctima o mediante imágenes superpuestas o editadas para descalificar, humillar o causar daño emocional o moral".
Aclaró que aunque ella es defensora de la libertad de expresión y que el artículo 187 del Código Penal del Estado ya contempla sanciones a quien difunda imágenes con contenido sexual, es necesario hacer una reforma más a fondo.
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"Ello en atención a que al usarse los medios de difusión tales como redes sociales o internet, estas quedan en la 'nube' y en la memoria de las computadoras o dispositivos donde se abrió, es decir, no desaparecen y subsisten con el tiempo, situación que abona a que se siga victimizando a quien es sujeto de tal delito”.
Según un comunicado a medios, con estas acciones solo busca salvaguar la seguridad de los menores de entre 12 y 18 años que son potenciales víctimas de sufrir acoso o maltrato en redes digitales.
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