Idaho

La Corte Suprema limita la autoridad de la EPA para proteger los humedales

Un matrimonio de Idaho lleva años luchando para construir en un humedal protegido. La determinación judicial puede dejar desprotegidos hasta la mitad de estos frágiles ecosistemas.

EFE

WASHINGTON DC- La Corte Suprema de Estados Unidos se posicionó este jueves a favor de un matrimonio que había denunciado a la Agencia de Protección Ambiental (EPA, pro sus siglas en inglés), y coincidió con esa pareja en que el organismo no tiene autoridad para intervenir en su terreno.

Una decisión contra la que se expresó tajantemente el presidente de EEUU Joe Biden, quien en un comunicado consideró que el fallo "pone en riesgo de contaminación y destrucción los humedales del país" y también pone en peligro las fuentes de agua limpia de las que se nutren millones de estadounidenses.

Además, recalcó que la sentencia "cambia drásticamente" el marco legal que ha protegido el agua del país durante décadas y "desafía a la ciencia, que ha demostrado el papel crucial de los humedales en salvaguardar los ríos y los lagos de los contaminantes que dañan" la salud de los ciudadanos.

La batalla legal de los Sackett, de Idaho, se remonta a hace más de una década. Compraron unas tierras en 2004 y quisieron cubrirlas con grava y rocas para construir una casa en ese solar, ubicado a 100 metros del lago Priest.

Obtuvieron los permisos locales, pero la EPA ordenó parar las obras y devolver ese terreno a su estado original alegando que la zona contenía humedales sujetos a la protección de la Ley de Agua Limpia. Los Sackett acabaron demandando a la EPA al estimar que su autoridad no se extendía a su terreno.

El supremo, de mayoría conservadora, determinó este jueves que la interpretación que hace esa agencia de los humedales protegidos es "inconsistente" con el texto y la estructura de la ley y que esa ley cubre solo "humedales con una conexión continua a cuerpos de agua que son 'aguas de EEUU' por derecho propio".

La corte consideró que la EPA debe suministrar "pruebas claras" sobre el alcance de su autorización para regular en la materia y reclamó igualmente al Congreso que promulgue "un lenguaje extremadamente claro si desea alterar significativamente el equilibrio entre el poder federal, estatal y gubernamental sobre la propiedad privada".

El magistrado conservador Samuel Alito admitió al pronunciar la decisión del máximo foro judicial, respaldada por 5 votos a favor y 4 en contra, que la Ley de Agua Limpia ha sido un éxito y que antes de su promulgación en 1972 muchos de los ríos y lagos del país estaban seriamente contaminados.

Sin embargo, recalcó que el alcance geográfico de esa normativa ha sido vago desde el principio. "Se aplica a las aguas de EEUU, pero ¿qué significa esa frase?", se preguntó, subrayando que esto ha hecho que durante medio siglo las agencias responsables de su aplicación hayan tenido que lidiar con distintas interpretaciones.

Para el supremo, la Ley de Agua Limpia se extiende solo a aquellos "con una conexión continua a cuerpos de 'aguas de EEUU' por derecho propio", de modo que son "indistinguibles" de esas aguas, y los humedales en la propiedad de los Sackett sí están diferenciados.

La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, advirtió en su rueda de prensa diaria que el gobierno de Joe Biden prevé "revisar la decisión".

"El presidente usará toda la autoridad legal que tenga disponible para garantizar que los estadounidenses de todos los estados tienen agua limpia. No solo agua limpia, sino también potable. Esto va a ser nuestra prioridad", dijo.

Para la Federación Nacional de Vida Silvestre, el fallo de este jueves pone en peligro el suministro de agua potable para millones de personas y amenaza la salud de los arroyos y humedales de la nación.

"Las protecciones federales de La Ley de Agua son esenciales para las comunidades vulnerables y desfavorecidas de todo el país. El fallo de la corte elimina las protecciones que son vitales para los arroyos y humedales en todos los estados", indicó en un comunicado el director de Defensa Legal de la organización, Jim Murphy.

Murphy hizo por ello un llamado "tanto al Congreso como a los gobiernos estatales para que intervengan, cierren la brecha y protejan las aguas amenazadas y a las personas que dependen de ellas".

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