MIAMI - Patricia y Manuel Oliver, padres de Joaquín Oliver, una de las 17 víctimas de la tragedia de Parkland en 2018, han decidido emprender una acción legal sin precedentes contra el gobierno de Estados Unidos. En un valiente acto en busca de justicia, alegan que el país ha violado los derechos humanos de su hijo Joaquín al no protegerlo, al no prevenir la masacre de Parkland y al no proporcionarles a ellos los recursos judiciales necesarios para lograr la justicia que tanto anhelan.
A cinco años de la pérdida de su amado hijo, Patricia y Manuel se niegan a callar su causa. Han decidido elevar su voz y han solicitado a la Organización de Estados Americanos (OEA) que escuche su reclamo. Patricia no puede evitar sentir la profunda ausencia de su hijo, un joven que nunca tendrá la oportunidad de crecer, graduarse, o superar los obstáculos que la vida le hubiera presentado. Sus lágrimas reflejan el dolor de una madre que siente que se les robó la oportunidad de vivir una vida plena junto a su hijo.
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La demanda presentada por Patricia y su abogado, Arturo Carrillo, argumenta que existen leyes estadounidenses que violan los derechos humanos al no poner en marcha un régimen jurídico adecuado para controlar a las empresas de armas de fuego que producen armas de estilo militar. Afirman que el gobierno federal ha implementado leyes que hacen prácticamente imposible enjuiciar o demandar a las empresas de armas de fuego por su complicidad en actos criminales.
La trágica masacre de Parkland y otros incidentes similares desde 2018 se han vuelto, según Patricia, predecibles debido a la falta de control y prevención en la industria de armas de fuego. La madre de Joaquín se pregunta por qué la OEA ha levantado la voz en numerosas ocasiones frente a masacres y eventos relacionados con armas de fuego, pero aún no ha tomado medidas en apoyo de una familia como la suya.
Esta demanda, presentada en nombre de Joaquín y sus padres, podría sentar un importante precedente que aliente a otras familias que han sufrido pérdidas a causa de armas de fuego a buscar justicia. El objetivo de este caso es atraer la atención a nivel nacional y promover que legisladores a nivel estatal y federal adopten políticas más efectivas y protectoras en relación a las armas de fuego. La valentía de Patricia y Manuel Oliver brilla como un faro de esperanza en la lucha por la justicia y la seguridad.
