En una nueva ofensiva contra los migrantes, el gobierno de Donald Trump analiza suspender el “habeas corpus”, un principio jurídico que protege a las personas contra detenciones arbitrarias.
Se trata de uno de los derechos más antiguos del mundo legal y, sin embargo, ha provocado debates a lo largo de los siglos.
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Es el derecho del detenido a comparecer inmediata y públicamente ante un juez o tribunal para que, escuchando su versión, resuelva si su arresto fue o no legal, si debe levantarse o mantenerse.
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SUSCRÍBETE Stephen Miller, uno de los principales consejeros del presidente Donald Trump, argumentó que la Constitución permite la suspensión del habeas corpus "en tiempos de invasión".
"Es una opción que estamos considerando de manera activa y todo depende de si las cortes hacen lo correcto o no", agregó.
El gobierno de Trump ha usado la excusa de una "invasión" de migrantes para justificar legalmente acciones como la militarización de la frontera con México o la expulsión de extranjeros -en su mayoría venezolanos- hacia la megacárcel del CECOT en El Salvador.
Varias organizaciones en defensa de los derechos humanos han presentado demandas en oposición a las políticas del Ejecutivo y, en múltiples instancias, los tribunales han fallado a su favor, obstaculizando los planes de Trump.
¿Por qué la posible suspensión del habeas corpus afectaría a migrantes?
Las ONG han usado precisamente el habeas corpus como defensa para frenar las expulsiones de más migrantes al CECOT y de varios universitarios señalados por su activismo pro-palestina.
Este principio jurídico solo ha sido suspendido en cuatro instancias en la historia de EEUU: durante la Guerra Civil y el periodo de Reconstrucción, en Filipinas cuando estaba bajo control estadounidense y en Hawaii tras el ataque japonés a Pearl Harbor.
El gobierno republicano ha decidido forzar los límites del judicial, ignorando las órdenes de dos jueces federales y lanzando una campaña en su contra.
El caso de las expulsiones al CECOT ha sido uno de los más polémicos: el gobierno se ha negado a cumplir con la solicitud de la Corte Suprema y de un tribunal en menor instancia de "facilitar" el regreso de Kilmar Ábrego García, un migrante que fue enviado al país centroamericano pese a tener un estatus legal.
Miller, el principal arquitecto de las políticas antimigrante del gobierno, ha tildado a varios jueces federales de "activistas" y los ha acusado de orquestar un "golpe de Estado judicial".
