Los abogados de un preso condenado a muerte en Texas por matar a una niña y a su abuela durante una fiesta infantil, le pidieron a la Corte Suprema detener su ejecución programada para la noche de este miércoles.
Erick Dávila fue hallado culpable por matar a Annette Stevenson de 48 años, y su nieta de 5 años, Queshawn Stevenson, en un tiroteo relacionado con pandillas hace una década en Fort Worth y que convirtió la fiesta de cumpleaños de un niño en un baño de sangre.
El condenado usó un rifle semiautomático con mira láser contra unas 20 personas en abril del 2008, en aparente represalia por un enfrentamiento previo con una de las personas que asistieron a la fiesta de una niña de 9 años que también resultó herida.
De realizarse la ejecución, sería el quinto preso de Texas ejecutado en este estado y el noveno a nivel nacional.
Los abogados de Dávila argumentan ante el Tribunal Supremo que su ejecución debería ser detenida porque era impropio que su Juez de primera instancia, Sharen Wilson, ahora fiscal del distrito de Tarrant, solicitara una fecha de ejecución. También cuestionaron la función de un abogado que trabaja con Wilson en los casos de apelaciones capitales que anteriormente representaron a Dávila en una apelación anterior.
La apelación también sostuvo que los fiscales ocultaron información de que Dávila estaba drogado en el momento del tiroteo y "probablemente intoxicado en la medida en que lo habría vuelto temporalmente loco", dijo el abogado Seth Kretzer al tribunal superior en un documento. Argumentó que podría haber influido en los miembros del jurado para decidir una pena menor, y cuestionó si la forma en que los jurados de Texas deciden las condenas a muerte es constitucionalmente adecuada.
Los abogados estatales dijeron que Wilson nunca representó a Davila, y la ley estatal y los fallos judiciales le permiten a su oficina representar los intereses del estado en el caso. Los fiscales también argumentaron que Wilson prohíbe a los asistentes participar en casos en los que fueron abogados defensores y que los tribunales han confirmado el procedimiento de sentencia capital del estado.
También dijeron que la evidencia mostraba que los abogados litigantes de Davila recibieron notas de los investigadores policiales, que la intoxicación voluntaria no es una defensa bajo la ley de Texas y que los disparos fueron intencionales y deliberados. Katherine Hayes, una asistente del fiscal general de Texas, les dijo a los jueces que Dávila les dijo a los detectives que fue a "dispararles", estaba tratando de "sacar a los muchachos en el porche" y nunca mencionó ninguna intoxicación a la policía.
