El gobernador Greg Abbott modificó hoy sus órdenes ejecutivas relacionadas con la pandemia COVID-19, para así eliminar el encarcelamiento que acarreaban sus violaciones. Estas modificaciones se están aplicando retroactivamente.
"Meter a los texanos a la cárcel que han cerrado sus negocios sin culpa propia no tiene sentido, y no permitiré que suceda. Por eso estoy modificando mis órdenes ejecutivas para asegurar que el confinamiento no sea un castigo por violar una orden. Esta orden es retroactiva al 2 de abril, reemplaza las órdenes locales y, si se aplica correctamente, debería liberar a Shelley Luther'', dijo Abbott, en una clara referencia al caso de la dueña de un salón detenida por abrir en plena cuarentena.
De hecho, a través de un comunicado, el Procurador Ken Paxton, informó que a Corte Suprema de Texas ordenó la liberación de Shelley Luther de la cárcel del condado Dallas.
Por su parte, el mandatario explicó que esto garantiza que otros texanos como Ana Isabel Castro-García y Brenda Stephanie Mata, que fueron arrestados en Laredo, no estén sujetos a confinamiento.
''Como algunos jueces del condado abogan por liberar a los criminales endurecidos de la cárcel para evitar la propagación de COVID-19, es absurdo que estos dueños de negocios tomen su lugar ”, destacó el gobernador texano.
Shelley Luther abrió su salón de belleza una semana antes que el gobernador de Texas permitiera la reapertura de estos negocios ''no esenciales''. Ella argumentó que debía darle de comer a sus hijos y sus empleados también necesitaban hacerlo, además de pagar cuentas pendientes.
Su decisión provocó momentos de tensión y disgusto entre otros comercios aledaños porque con su acción que desafió a las autoridades del condado Dallas, mientras atrajo la atención del grupo Open Texas quienes han estado exigiendo la reapertura del estado desde hace varias semanas y llegaron a respaldar el negocio de Shelley Luther con miembros armados con rifles de alto poder.
Tras varias advertencias, Luther fue arrestada, llevada antes un juez que la puso tras las rejas por una semana y deberá pagar $500 por cada uno de los 7 días que mantuvo el negocio abierto.