Un médico del sur de Texas fue sentenciado el miércoles a 10 años de prisión por un esquema masivo de atención médica que consistía en diagnosticar falsamente a pacientes para facturar pruebas y tratamientos innecesarios, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Las autoridades afirman que el reumatólogo Jorge Zamora-Quezada, de 68 años y residente de Mission, Texas, estuvo involucrado en reclamos falsos por valor de $118 millones y pagos de seguros por más de $28 millones.
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MIRA AQUÍ GRATIS Zamora-Quezada fue declarado culpable de conspiración para cometer fraude a la atención médica en 2020, incluyendo siete cargos de fraude a la atención médica y un cargo de conspiración para obstruir la justicia. También se le ordenó la confiscación de $28 millones.
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SUSCRÍBETE "La sentencia de hoy no es solo un castigo, es una advertencia. Los profesionales médicos que perjudican a los estadounidenses para su enriquecimiento personal serán perseguidos con firmeza y rendirán cuentas para proteger a nuestros ciudadanos y el erario público", declaró Matthew Galeotti, funcionario del Departamento de Justicia.
Según los funcionarios, Zamora-Quezada vivía un "estilo de vida lujoso", siendo dueño de 13 propiedades inmobiliarias, un avión y un Maserati GranTurismo.
Otros médicos del Valle del Río Grande testificaron en el juicio que cientos de pacientes a los que Zamora-Quezada había diagnosticado artritis reumatoide no padecían la enfermedad.
"Los diagnósticos falsos y los potentes medicamentos de Zamora-Quezada causaron efectos secundarios debilitantes en sus pacientes, como accidentes cerebrovasculares, necrosis mandibular, caída del cabello, daño hepático y dolor tan intenso que dificultaba tareas básicas de la vida cotidiana, como bañarse, cocinar y conducir", declaró el Departamento de Justicia.
Pacientes de tan solo 13 años fueron tratados por Zamora-Quezada en sus consultorios médicos del sur de Texas y San Antonio, según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia tras su veredicto de culpabilidad en 2020.
El caso fue investigado por el FBI, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Texas (HHS), la Unidad de Control de Fraude a Medicaid de Texas y el Servicio de Investigación Criminal de Defensa (DCIA).
